PLURINOMINALES: EL DEBATE QUE INCOMODA, PERO QUE ES NECESARIO DAR

A un par de días de iniciar el período ordinario legislativo en el Congreso de la Unión, una de las temáticas que mayor debate y discusión pública ha generado es la próxima reforma electoral en materia de representación proporcional, comúnmente conocida por las senadurías y diputaciones plurinominales.

La oposición ha bautizado esta iniciativa como la “Ley Maduro”. Más allá de etiquetas y narrativas políticas, lo cierto es que la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido clara al señalar que el objetivo de la reforma es reducir el gasto al erario público y revisar un modelo que, en la percepción ciudadana, ha permitido el acceso al Congreso de perfiles que no llegan mediante el voto directo y que, en muchos casos, representan prácticas cuestionables dentro de los partidos políticos, sin excepción.

La propuesta plantea reducir la Cámara de Diputados de 500 a 300 integrantes y el Senado de la República de 128 a 96. Sin embargo, el problema no es la reducción numérica en sí, sino a quiénes y cómo impacta. En los hechos, la eliminación de las representaciones plurinominales recaería principalmente en los partidos políticos minoritarios que hoy, salvo Movimiento Ciudadano, forman parte de la coalición gobernante.

El Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo serían directamente afectados en su representación legislativa en futuras elecciones. De ahí que sus dirigencias y grupos parlamentarios hayan fijado una postura en contra. No puede perderse de vista que en el proceso electoral pasado ambos partidos fueron aliados de Morena; por ello, la inconformidad no es menor cuando la reforma toca el principal mecanismo que les ha permitido tener presencia política y representación del voto que sí obtuvieron en las urnas.

El sistema de representación proporcional no nació como un privilegio de las élites partidistas, sino como una conquista democrática. Fue incorporado en la década de los setenta para corregir la concentración del poder político y permitir que las minorías tuvieran voz en el Congreso. Paradójicamente, desde entonces, todos los partidos que han alcanzado el poder han planteado, en algún momento, su eliminación o reducción.

Tras la reacción de los partidos aliados, se han abierto mesas de trabajo y negociación en el Congreso, de dónde ha surgido un planteamiento intermedio: reducir a 100 las diputaciones de representación proporcional, lo que dejaría a la Cámara conformada por 400 diputaciones. Este replanteamiento confirma que no se trata de un tema sencillo ni de una decisión que pueda tomarse sin diálogo político.

Además, la reforma electoral del Ejecutivo no se limita a los plurinominales. También pone sobre la mesa la reducción del financiamiento a partidos políticos, el presupuesto de los organismos electorales y la posible reconfiguración de las autoridades electorales locales, aspectos que ameritan un análisis serio y técnico.

Existe un consenso ciudadano —y me incluyo— sobre el malestar que genera la forma en que hoy se integran las listas plurinominales. Sin embargo, este descontento no debe partir de una premisa falsa: la ciudadanía sí vota por los plurinominales, aunque lo haga de manera indirecta, a través del voto otorgado a los partidos políticos. La representación proporcional existe para reflejar ese respaldo y evitar distorsiones entre votos y curules.

Entonces, ¿dónde está el problema?

Con frecuencia vemos llegar a diputadas o senadores de los que la ciudadanía no tiene referencia alguna. En muchos casos, se trata de figuras que han transitado por distintos cargos públicos y reaparecen elección tras elección sin rendir cuentas ni tener presencia real en territorio.

El desgaste de la figura plurinominal no proviene de su diseño constitucional, sino de las prácticas partidistas que la han desvirtuado. Durante años, distintos partidos han utilizado estas listas como espacios de protección política, de pago de favores o de acuerdos internos, alimentando la percepción de impunidad, especialmente cuando quienes llegan al Congreso cuentan además con fuero constitucional.

No es casualidad que exgobernadores, exdirigentes o figuras políticas en retiro reaparezcan sistemáticamente en los primeros lugares de las listas. Tampoco es ajeno al debate el uso de las coaliciones para maximizar la representación, en ocasiones tensionando el principio constitucional que busca evitar la sobrerrepresentación.

Desde una perspectiva jurídica y legislativa, la discusión debería ir más allá de desaparecer o no a los plurinominales. El punto central es la falta de democracia interna en los partidos políticos para elegir a quienes integran estas listas. Mientras persistan el dedazo, el amiguismo y los acuerdos cupulares, cualquier reforma electoral quedará corta.

Fortalecer la democracia implica también dignificar la función legislativa. Los partidos están obligados a postular perfiles con capacidad política, experiencia en gestión o trabajo territorial, solvencia técnica, habilidad para el debate parlamentario y compromiso con el trabajo legislativo y la construcción de propuestas que mejoren el presente y el futuro del país.

El debate sobre los plurinominales no debería reducirse a estar a favor o en contra, sino a una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿queremos cambiar las reglas o queremos cambiar las prácticas? Porque sin lo segundo, ninguna reforma será suficiente.