MONARCA: PODER, CORRUPCIÓN Y SEGURIDAD EN EL MUNDO EMPRESARIAL

Una de mis series predilectas refleja la relación entre el crimen organizado y las  grandes corporaciones en nuestro país.  

En el contexto de un país donde la inseguridad y la corrupción representan  amenazas estructurales para el Estado de Derecho, la serie Monarca (Netflix, 2019)  ofrece una ficción que, lejos de ser exagerada, reproduce con fidelidad elementos  de la realidad que vivimos como mexicanos. Su narrativa gira en torno al emporio  tequilero de la familia Carranza, un grupo empresarial que, como muchos en la vida  real, se encuentra entrelazado con intereses políticos, corrupción institucional y  redes criminales. 

La producción visibiliza de manera eficaz cómo, en México, la línea entre el poder  económico legal y el crimen organizado es cada vez más tenue. A través de su  historia, Monarca denuncia una verdad incómoda: que muchas grandes  corporaciones han actuado en complicidad con grupos criminales para asegurar sus  intereses, evadir la ley o ejercer control territorial. Este fenómeno, más allá de la ficción, se refleja en múltiples informes de la sociedad civil, como los emitidos por  México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) o el World  Economic Forum, que señalan la debilidad institucional como una de las principales  amenazas a la inversión y al desarrollo económico. 

Desde una perspectiva legislativa, me resulta preocupante la normalización de  prácticas corruptas en el ámbito empresarial. La colusión entre actores privados y  autoridades públicas no sólo erosiona la confianza ciudadana en las instituciones,  también genera un entorno de inseguridad jurídica que desalienta la inversión  honesta y perpetúa la desigualdad. Monarca retrata con crudeza cómo la impunidad  permite a las élites económicas operar con reglas propias, mientras la justicia es  manipulada mediante sobornos, tráfico de influencias y pactos de silencio. Recordando esto también pasa en el nuevo gobierno que no está lejos de vivir como  en Venezuela.

En ese sentido, considero a la serie como una herramienta narrativa para analizar  la necesidad urgente de reformas profundas en materia de transparencia  corporativa, fiscalización del poder económico y fortalecimiento del sistema penal  acusatorio. La implementación efectiva de leyes como la Ley General de  Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal para la Prevención e  Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la Ley Nacional  de Extinción de Dominio resulta indispensable para cerrar el paso a la corrupción  empresarial y al lavado de dinero. 

Otro eje que considero relevante abordado en la serie es el de la seguridad  empresarial, entendida no sólo como protección física, sino como garantía  institucional. El personaje de Ana María Carranza intenta reconstruir la empresa  desde un enfoque ético y legalista, pero su camino está plagado de amenazas,  chantajes y violencia como el caso de algunos empresarios. Esta tensión refleja un  problema real: en regiones del país donde el Estado está ausente o coludido, el  crimen organizado impone condiciones a las empresas, lo que impide un desarrollo  económico sostenible y en condiciones de legalidad. 

Asimismo, Monarca interpela al sistema político mexicano. Me gusta esta serie porque denuncia la complicidad de autoridades locales y federales que, en lugar de  combatir la ilegalidad, actúan como cómplices o facilitadores de esquemas de  corrupción. Este retrato coincide con las observaciones realizadas por organismos  como la Auditoría Superior de la Federación y Transparencia Internacional, que han  alertado sobre la necesidad de mecanismos más eficaces de control y rendición de  cuentas. 

En conclusión, para muchos Monarca debería de no sólo ser una serie de  entretenimiento; también debería de ser considerada como una crítica aguda a la  falta de controles institucionales sobre el poder económico en México. Para el  ámbito legislativo, representa una oportunidad para reflexionar sobre cómo prevenir  que los intereses empresariales se mezclen con estructuras criminales. A través del  fortalecimiento del marco jurídico, la promoción de una cultura de la legalidad y el impulso de políticas públicas que garanticen la integridad corporativa es posible  avanzar hacia un país más justo, seguro y con un verdadero Estado de Derecho.