LITIGIO ESTRATÉGICO: EL PODER DEL DERECHO EN LA POLÍTICA AMBIENTAL DE MÉXICO

En un país como México, caracterizado por su riqueza biológica pero también por su fragilidad ecológica, el Derecho no puede limitarse a ser un marco normativo estático; debe asumirse como un instrumento dinámico de revolución estructural y defensa activa del interés público ambiental. En ese tenor, el litigio estratégico se presenta como una de las vías más efectivas para incidir en la política ambiental mexicana, no solo para reparar agravios específicos, sino para reconfigurar estructuralmente la relación entre el Estado, la ciudadanía y el medio ambiente.

EL LITIGIO COMO TÁCTICA DE RESISTENCIA Y TRANSFORMACIÓN

El litigio estratégico, entendido como el uso deliberado de los mecanismos judiciales para promover cambios jurídicos, sociales o institucionales más allá del caso concreto, ha surgido como una respuesta desde la sociedad civil frente a la omisión o regresividad de las políticas públicas ambientales. México, pese a haber desarrollado un marco legal ambiental aparentemente robusto (con normas como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, entre muchas otras), ha fallado sistemáticamente en su implementación efectiva, en gran medida por la captura institucional y la subordinación de las decisiones ambientales a intereses económicos de corto plazo.

En este contexto, el litigio debe ser entendido como una táctica de resistencia y renovación de la forma en que se está regulando el marco ambiental a nivel nacional, partiendo de ese contexto, en los últimos años, el juicio de amparo se ha convertido en una vía privilegiada para activarlo, dicho recurso particularmente en su vertiente colectiva o con interés legítimo permite impugnar actos administrativos o normativos que vulneran derechos humanos en su dimensión ambiental, especialmente el derecho a un medio ambiente sano, consagrado en el artículo 4° constitucional.

Actualmente, las Áreas Naturales Protegidas que representan uno de los últimos bastiones frente al colapso ecológico, se encuentran bajo una ofensiva múltiple: megaproyectos de infraestructura, cambios de uso de suelo ilegales, permisividad institucional y una creciente presión urbana. En este panorama, muchos colectivos ambientalistas han recurrido al litigio de interés público para detener obras que vulneran los principios de prevención, precaución y no regresividad ambiental, todos ellos reconocidos por la jurisprudencia constitucional y por tratados internacionales de los que México es parte, como el Acuerdo de Escazú.

Casos emblemáticos como los litigios contra el Tren Maya o el Corredor Interoceánico han demostrado que el poder judicial, aunque limitado, puede fungir como contrapeso frente a decisiones gubernamentales que ponen en riesgo ecosistemas únicos ya las comunidades que los habitan. No obstante, la eficacia del litigio estratégico depende de un ecosistema legal que incluya jueces capacitados, sociedad civil organizada, peritos ambientales independientes y, sobre todo, voluntad política para respetar las resoluciones judiciales.

Empero, no basta con judicializar cada amenaza ecológica, el litigio estratégico es una herramienta necesaria, pero, México necesita transitar hacia políticas públicas transversales, donde la protección ambiental deje de ser un apéndice burocrático y se convierta en un eje articulador del desarrollo nacional. Ello implica que sectores como energía, transporte, agricultura y urbanismo incorporen criterios de sustentabilidad vinculantes, con presupuestos suficientes, participación ciudadana efectiva y rendición de cuentas.

Nos enfrentamos a una crisis climática sin precedentes que exige decisiones valientes y coordinadas, no se trata sólo de conservar la biodiversidad, sino de asegurar condiciones de vida dignas para las presentes y futuras generaciones. El litigio estratégico en materia ambiental representa un poderoso recordatorio de que el Derecho no está al margen de la política, sino que es uno de sus terrenos más relevantes, en manos de actores comprometidos, puede convertirse en un instrumento de justicia ambiental y en una palanca para reorientar las decisiones públicas hacia el bien común ecológico, exigir políticas públicas coherentes y adoptar una visión transversal del medio ambiente es una obligación histórica.

Porque si no es ahora, ¿cuándo?