LA SOBERANÍA COMO PRETEXTO

Hay palabras que, cuando se usan demasiado, terminan perdiendo su significado. Una de ellas es “soberanía”.

Durante años hemos escuchado discursos grandilocuentes sobre la defensa de la soberanía nacional, la independencia frente a intereses extranjeros y la necesidad de blindar nuestras instituciones de cualquier influencia externa. Ahora, bajo ese mismo argumento, surge una reforma que pretende abrir la puerta a la nulidad de elecciones cuando se acredite una supuesta intervención de gobiernos extranjeros en los procesos democráticos mexicanos.

A primera vista, la propuesta parece razonable. Ninguna nación seria puede permitir que actores externos decidan el rumbo político de su pueblo. El problema no está en el principio. El problema está en la intención.

Porque en política no solo importa lo que se dice; importa para qué se dice y cuándo se dice.

Y precisamente el momento en que surge esta reforma resulta particularmente revelador.

Porque mientras el oficialismo impulsa nuevas causales para cuestionar la legitimidad de futuros procesos electorales bajo el argumento de la injerencia extranjera, diversos gobernadores y figuras relevantes de Morena han sido objeto de señalamientos, investigaciones periodísticas y acusaciones provenientes de autoridades y actores políticos en Estados Unidos respecto de posibles vínculos o tolerancia hacia estructuras del crimen organizado.

Más allá de la veracidad o el desenlace jurídico de cada caso, el hecho político es innegable: la conversación internacional sobre México ya no gira únicamente en torno a inversiones, comercio o cooperación bilateral. Hoy también gira en torno a la violencia, al control territorial del crimen organizado y a la presunta infiltración de grupos criminales en espacios de poder.

Y es justamente en medio de ese contexto cuando aparece una reforma que busca colocar el foco en una supuesta amenaza externa a nuestras elecciones.

Qué conveniente.

Porque en lugar de responder a las dudas sobre la expansión del crimen organizado, la debilidad institucional o los señalamientos que han colocado a México bajo el escrutinio internacional, el gobierno parece más interesado en construir una narrativa preventiva para descalificar cualquier cuestionamiento que provenga del exterior y, eventualmente, cualquier resultado electoral que no le favorezca.

La pregunta es inevitable: ¿se pretende proteger la democracia mexicana o construir un escudo político frente a un escenario cada vez más complejo para quienes hoy gobiernan?

Cuando las acusaciones internacionales alcanzan a actores cercanos al poder, el discurso de la soberanía se vuelve particularmente útil. Ya no sirve únicamente para defender al país; sirve también para desacreditar al crítico, desviar la atención y convertir cualquier señalamiento incómodo en una supuesta agresión extranjera.

Pero la soberanía no puede convertirse en refugio de la impunidad ni en excusa para evadir responsabilidades. Un gobierno seguro de su legitimidad responde con transparencia y resultados. Un gobierno preocupado por el desgaste político suele responder construyendo enemigos externos.

Resulta difícil ignorar que esta iniciativa aparece justo cuando el partido gobernante comienza a enfrentar un desgaste natural derivado del ejercicio del poder.

La realidad mexicana exige otra conversación.

Porque mientras el gobierno habla de defender la soberanía frente a amenazas hipotéticas del extranjero, amplias regiones del país viven una pérdida real y tangible de soberanía dentro de nuestras propias fronteras.

¿Qué soberanía existe cuando comunidades enteras viven bajo las reglas impuestas por organizaciones criminales?

¿Qué soberanía defendemos cuando candidatos son amenazados, autoridades locales son asesinadas y miles de ciudadanos modifican su vida cotidiana por miedo?

La mayor amenaza a la soberanía nacional no llega en un avión diplomático ni se transmite desde una embajada extranjera.

La mayor amenaza a la soberanía nacional viaja en camionetas blindadas, cobra derecho de piso, recluta jóvenes, controla rutas comerciales y obliga a miles de mexicanos a vivir bajo el miedo.

Sin embargo, resulta políticamente más rentable señalar enemigos externos que reconocer los desafíos internos.

Las democracias maduras no se fortalecen creando mecanismos ambiguos para cuestionar resultados incómodos. Se fortalecen garantizando reglas claras, árbitros imparciales y la aceptación de la voluntad popular, incluso cuando el resultado no favorece al poder.

La soberanía nacional no se defiende inventando pretextos para desconocer elecciones. La soberanía nacional se defiende recuperando el control del territorio, garantizando la seguridad de los ciudadanos y asegurando que el voto libre siga siendo la única fuerza capaz de decidir quién gobierna México.

Todo lo demás son discursos baratos.

Y los mexicanos merecen mucho más que eso.