LUCHA CONTRA NARCO-CANDIDATURAS: UNA BUENA INTENCIÓN MUY DESCAFEINADA

No es un secreto que en la actualidad el narcotráfico se ha vuelto uno de los poderes fácticos más importantes de nuestro país, logrando permear todos los aspectos de la vida pública de nuestro país, siendo uno de los más importantes la política nacional, estatal y municipal, recurriendo a la corrupción sistemática y al miedo para poder cooptar, por las buenas o por las malas, a las autoridades que deberían representar a los ciudadanos.

La mayor muestra de esta lamentable situación ha sido la muy publicitada “Operación Enjambre”, donde múltiples funcionarios municipales han sido detenidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, así como las denuncias emitidas por autoridades extranjeras que, dejando de lado el carácter injerencista que pueden llegar a tener estas acciones, no borra los vínculos que pueden tener las autoridades con el crimen organizado.

En vista de las presiones tanto internas como externas, el gobierno federal ha impulsado un paquete amplio de reformas en los últimos días, entre las que se incluye la conformación de la “Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas”, organismo que sería encargado de investigar, en colaboración con otras autoridades de inteligencia y procuración de justicia, e informar la integridad moral y legal de los candidatos postulados por los partidos políticos.

Aunque esta reforma es un paso importante para limpiar la política mexicana actual, evitando que el crimen organizado se aproveche de estructuras permeadas por la corrupción y el tráfico de influencias, esta reforma aún se trata únicamente de buenas intenciones y fe ciega en el respeto de la ley por parte de los distintos actores antes que en una serie de medidas que ataquen de verdad el problema.

Para comenzar esta reforma ve antes por el carácter autonómico de los partidos políticos antes que en el respeto de la ley, o en otras palabras, los candidatos no podrán ser investigados por esta institución a no ser que hayan dado su explicito consentimiento para ser investigados, una facultad que debería de ser imperante y sin necesidad de consentimiento.

Igualmente, la reforma establece que las medidas contra los candidatos investigados no pueden ir más allá del carácter informativo, evitando dotarle de facultades para bloquear o evitar que narco-candidatos sean postulados, confiando en que el escarmiento público y la presión social sea suficiente para que los partidos políticos desistan de postular a los candidatos antes que emitir medidas efectivas.

Por último, aun cuando estos mecanismos fueran efectivos para evitar narcocandidatos, no quiere decir que la amenaza haya desaparecido. Después de las elecciones, el crimen organizado aún puede cooptar a las autoridades, sobre todo en gobiernos municipales en regiones rurales, esto debido a que se tratan de los eslabones más débiles y desprotegidos de la política mexicana.

Si se quiere atender este problema tan sistemático de una forma efectiva y duradera, en primer lugar, se debe de evitar usar la “autonomía partidista” como un escudo para evitar la rendición de cuentas y la transparencia, debiendo de premiar el cumplimiento de la ley, volviendo de carácter obligatorio y sin excepciones la investigación de todos los aspirantes a un puesto de elección popular.

De la misma forma, la participación del CNI, FGR, UIF y CNBV en la Comisión debe ir más allá de la colaboración en elecciones, debiendo mantener una cooperación permanente para vigilar a los actores políticos, así como darle la capacidad de inhabilitar candidaturas de gente ligada al narcotráfico, así como ya se pueden inhabilitar candidaturas por irregularidades financieras o acusaciones de violencia.

Y con respecto a etapas post-electorales, la reforma debe acompañarse con una política clara en materia de seguridad, evitando que el narcotráfico use la corrupción o el miedo para la cooptación de las autoridades municipales, estatales y hasta federales, garantizándose la superioridad del Estado frente a cualquier otro ente que intente hacer uso de la violencia para imponer sus intereses.

No se niega que las intenciones son buenas, esto al tratar de combatir un problema tan caótico y complejo como el narcotráfico, pero si se quiere dar un cambio duradero y real, es necesario cambiar por completo el juego y obligar a todos los actores a participar, no únicamente hacer cambios menores y superficiales.