LA NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS: HACIA UNA GESTIÓN MÁS JUSTA DEL AGUA EN MÉXICO

Nuestro país está atravesando una de las crisis hídricas más críticas en los últimos años, que se ha convertido en un problema estructural afectando a millones de personas, ya que, mientras comunidades enteras sufren de desabasto, grandes corporaciones y pocas familias acaparan las concesiones que les permiten explotar el recurso de manera desproporcionada.

La nueva Ley General de Aguas promete revertir esta situación y garantizar el acceso equitativo al agua, pero la pregunta clave es: ¿realmente logrará ser una solución efectiva o quedará como una reforma insuficiente ante los intereses económicos?

El problema del agua en México es consecuencia de algunos factores claves a considerar; la sequía de 2022 en donde, según datos de la CONAGUA, cerca del 70% del territorio mexicano estuvo afectado por algún grado de sequía. Otro factor es la sobreexplotación de los acuíferos que ocasiona la disminución de los niveles de agua subterránea, lo que no sólo afecta a la agricultura y a la industria sino también al abastecimiento de agua potable en áreas urbanas y rurales. 

Derivado de la problemática anterior y de la reforma constitucional hecha en 2012 al artículo 4°, donde se reconoce el derecho al agua incluyendo el acceso, disposición y saneamiento de la misma, resulta indispensable un cambio en el modelo de gestión del agua en México, en donde las industrias dejen de seguir explotando este recurso sin límites claros y millones de personas dejen de carecer de este líquido vital para la supervivencia.

Bajo esta misma perspectiva, la Nueva Ley General de Aguas introduce varios cambios fundamentales y necesarios para mejorar la gestión de este recurso, donde se propone un enfoque hacia los derechos humanos priorizando el abastecimiento a la ciudadanía sobre el uso industrial y comercial. También busca redistribuir equitativamente este recurso evitando el acaparamiento y la sobreexplotación, apostando por un enfoque basado en el manejo comunitario del agua.

Otro aspecto positivo a destacar es la reducción de la vigencia de concesiones, mientras que anteriormente grandes corporaciones tenían concesiones por períodos de hasta 50 o incluso 100 años, la Nueva Ley General de Aguas limita su duración a un máximo de 15 años, promoviendo una gestión sostenible del recurso hídrico. 

Si estos cambios propuestos logran consolidarse representarán avances importantes en el reconocimiento del agua como un derecho fundamental. Sin embargo existe la gran posibilidad de que algunas empresas se resistan argumentando que la reforma puede afectar significativamente el crecimiento económico. Además de la gran inversión que se necesitará para la creación de infraestructura que permitirá el acceso universal mediante redes de distribución y saneamiento.

En el contexto hídrico actual del país, la ley vigente resulta obsoleta e ineficiente, por lo que requiere de una actualización para responder a las necesidades actuales en materia de gestión del agua. La Nueva Ley General de Aguas pretende ser un cambio sustancial para llegar a la justicia hídrica en México, pero su éxito dependerá de su aplicación efectiva, en donde no interfieran los intereses económicos ni la corrupción en la gestión del recurso.

Reducir la vigencia de las concesiones es un avance importante para evitar el acaparamiento del agua por parte de grandes industrias. Además, el reforzar los mecanismos de supervisión y vigilancia con un modelo de gobernanza participativa para los consejos regionales de cuencas y agua subterránea fomenta la distribución equitativa y la transparencia en su gestión. Permitiendo que diversos sectores, incluyendo comunidades y pequeños productores tengan mayor acceso y participación en la toma de decisiones, lo que se traduce en beneficios reales para la población. 

El agua es un bien común y su gestión se debe priorizar en favor de la sociedad. ¿Será esta ley capaz de lograrlo o quedará como otra reforma que no se traduce en cambios reales? La participación y vigilancia ciudadana serán claves para asegurar que la reforma no quede en papel