ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SHEINBAUM, ¿MÁS DE LO MISMO?

Claudia Sheinbaum presentó dos iniciativas para hacerle frente a la violencia normalizada que sufre el país. En ellas se encuentra la propuesta de cómo su administración pretenderá prevenir, investigar y combatir los hechos delictivos y la impunidad en el país.

El argumento expuesto es que, ante el fenómeno delictivo dinámico y constante, es necesaria una reingeniería institucional, y estoy de acuerdo con ello. Sin embargo, me parece un argumento incompleto; porque, también, es necesaria una reingeniería conceptual sobre cómo percibimos la seguridad pública.

En primer lugar, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, me parece un gran acierto. Tener información sobre los hechos delictivos y su incidencia, patrones de conducta y perfilamiento criminal, además de contar con esta información en tiempo real, siendo compartida y nutrida por los tres órdenes de gobierno, permitirá la comprensión de la dinámica criminal para diseñar estrategias dinámicas de prevención del delito contextualizadas a la realidad social de cada estado. O, al menos, eso sería lo idóneo.

Si el gobierno mexicano logra aplicar las disposiciones de la ley a la realidad, sin permitir que ninguna alteración o mala práctica corrompa el deber ser del sistema, y logra que el sistema cumpla cabalmente con sus funciones, ello significará un gran paso para la consecución de la paz. 

Cabe señalar que la información que pretende recolectar y analizar el sistema, ya debería existir y estar siendo utilizada para ejecutar estrategias de mitigación de la incidencia delictiva. Del 2017 al 2024 hubo una reducción del 17.3% en la tasa de homicidios dolosos, sin embargo, del 2023 al 2024 hubo un incremento de 1.4% en la tasa. Indistintamente, tanto el decremento como el incremento concluyen lo mismo: sigue existiendo una enorme pérdida de vidas humanas.

En segundo lugar, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que pretende reemplazar la vigente, presenta adhesiones interesantes. Destaco las siguientes: el registro nacional de usuarios de telefonía móvil; instancias de coordinación que podrían fungir como la antítesis gubernamental de lo que la delincuencia organizada utiliza como “plazas”; creación de la política nacional en materia de acreditación y certificación para las instituciones de seguridad pública; y, reconocimiento de la Guardia Nacional como integrante del sistema.

Sin embargo, más allá de estas incorporaciones novedosas, no hay un cambio drástico con la ley vigente. Esperaba que, en aras de rediseñar la seguridad pública, existiera una reingeniería de ese concepto; dejar de ver a la seguridad pública como una función del Estado, y empezar a verla como un derecho humano.

Este cambio significaría poner el foco en las necesidades de las personas para garantizarles una vida digna y libre de violencias, adjudicando al Estado la responsabilidad, no de desarrollar programas que fomenten valores – como señala la ley – sino de crear las condiciones para el libre desarrollo de la persona.

A esta ley también le faltó reconocer la importancia de la interinstitucionalidad en un sentido amplio, es decir, no limitar la participación a las secretarías cuyo fin es la seguridad, sino también incluir a aquellos actores estatales cuyo margen de acción les permita coadyuvar en el diseño políticas públicas para la prevención del delito, como las secretarías de Educación, Cultura, Economía, Salud, Bienestar, la CONADE, entre otras.

La ley propuesta, limita la participación ciudadana a dos artículos ambiguos, el 104 y 105. En el último reduce nuestra participación a foros, talleres, asambleas, comisiones y consultas públicas. En contraste, la ley vigente sí aborda un punto que la propuesta omite: auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas. Esto pudo ampliarse con la creación de mecanismos dotados de periodicidad, objetivos y alcances determinados que nos permitieran tener un rol activo, como la figura de “vigilantes voluntarios”, ejercicios de rendición de cuentas, evaluación de las estrategias empleadas y opiniones vinculantes para su reconfiguración, o el fomento del uso de herramientas digitales para denuncias.

En conclusión, las propuestas de Sheinbaum tienen pros y áreas de oportunidad. En el análisis, detección y subsanación de estas últimas reside la ventana de oportunidad para marcar un hito en la estrategia de seguridad de México, pues la visión estatocentralista de la seguridad pública debe cambiar a una que promueva la colaboración entre las instituciones públicas y la ciudadanía, con el fin de garantizar el pleno goce del derecho a la seguridad ciudadana.