ELECCIÓN JUDICIAL: PERSPECTIVAS Y PROBLEMAS

La elección popular de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras es una realidad en México. Lo que resta por delante son los denominados tiempos electorales, y ante ello, estaremos próximos a presenciar el inicio de las campañas judiciales que darán comienzo el próximo 30 de marzo para los cargos referentes al Poder Judicial de la Federación. 

No está de más mencionar que serán  campañas electorales muy diferentes de lo que sería una campaña electoral habitual para aspirar a un cargo de elección popular, sin hacer referencia a los inminentes problemas que presentarán las personas candidatas para realizar dicha campaña. Ya que el propio Instituto Nacional Electoral (INE) ha hecho públicas algunas de las prohibiciones que tendrá toda persona candidata.

Entre algunas de ellas encontramos el no poder contratar espacios en radio y televisión, así como en internet, siendo su única vía pero de manera pautada; las redes sociales. ¿Qué quiere decir?, que nuestros próximos jueces, magistrados y ministros tendrán que realizar una campaña de difusión únicamente vía redes sociales (Facebook, Instagram, X, TikTok y hasta inclusive Whatsapp o Telegram) y con fondos de financiamiento estrictamente limitados, lo cual se transcribe en que cada persona aspirante deberá financiarse —al menos casi en su totalidad— su campaña electoral de difusión. 

Igualmente, otra posibilidad que tendrán las y los candidatos será recurrir a la forma antigua de llevar a cabo una campaña electoral para conocer de mejor forma las propuestas de una persona aspirante, es decir, caminar de puerta en puerta y con los clásicos volantes o trípticos informativos impresos en papel.

Ahora bien, los problemas se presentan o se presentarán al momento de efectuar todo en la realidad palpable y social, es decir, las personas aspirantes tendrán que absorber una gran carga —tanto económica, psicológica, laboral y hasta política— durante el periodo de tiempo que duren dichas campañas electorales. De cierta forma, se convertirán en actores políticos indirectos, ya que más allá de comunicar y dar a conocer sus “propuestas judiciales”, buscarán de manera incesante la simpatía de sus futuros electores, con el único fin de resultar electos en el cargo de su aspiración.

Sin contar y hacer mención, de la dificultad que presentaran los votantes al momento de acudir a las respectivas casillas electorales, y esto debido al número de boletas que se les hará entrega (6 papeletas), así como el extenso listado de nombres de los candidatos que aparecerán en las mismas.

Aparejado a ello, será la enorme dificultad que sufrirán las personas candidatas que resulten vencedoras, y esto debido a que, algunos de los perfiles no tienen la experiencia previa en órganos jurisdiccionales, es decir, jamás han proyectado algún tipo de sentencia o han estados inmiscuidos en labores propiamente de un órgano impartidor de justicia. Labor la cual indudablemente se verá reflejada —de manera catastrófica lamentablemente— en las personas justiciables. 

Finalmente, sería dable mencionar que lo que estaremos próximos a presenciar será una clara muestra de lo que no se debe hacer con la justicia. Sin temor a la equivocación, veremos y seguiremos viendo una indiscriminada prostitución judicial mezclada con tintes electorales, inclinadamente políticos y partidistas.

La futura elección extraordinaria de nuestro Poder Judicial Federal representará un momento histórico en México, algo que jamás se preveía años atrás y que, sin lugar a dudas, no es ni será la mejor forma de tener acceso a una mejor justicia para la población, mucho menos será la vía para terminar con los supuestos actos corruptivos que se le atribuyen internamente a la judicatura.