EL RIESGO LATENTE EN LA REFORMA AL INFONAVIT: ¿PATRIMONIO EN PELIGRO?

El pasado 1 de febrero marcó el inicio del Segundo Periodo de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión. En una maniobra acelerada, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, una serie de reformas a la Ley del Infonavit, mismas que despiertan una gran preocupación entre los trabajadores que cotizan en esta institución. En su afán por centralizar aún más el control del sector vivienda, el gobierno federal ha dado luz verde a la creación de una empresa constructora del Infonavit, con la justificación de edificar 500 mil viviendas con un enfoque a la "orientación social". Sin embargo, detrás de esta narrativa se esconde una serie de riesgos que ponen en jaque el patrimonio y los ahorros de millones de mexicanos.

UN PELIGROSO ASALTO A LOS FONDOS DE LOS TRABAJADORES

Uno de los aspectos más alarmantes de esta reforma es la intención de tomar 2.4 billones de pesos de las subcuentas de vivienda de los derechohabientes para financiar estos proyectos habitacionales. Esto implica que los ahorros acumulados por los trabajadores para adquirir una vivienda digna quedan expuestos a la discrecionalidad del gobierno. La incertidumbre es evidente: ¿qué garantías tienen los cotizantes de que su dinero será utilizado correctamente? ¿Quién rendirá cuentas si los recursos son desviados o mal administrados?

Adicionalmente, la reforma faculta a la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para supervisar, vigilar y fiscalizar la operación del instituto. No obstante, la historia reciente nos ha demostrado que los mecanismos de control y rendición de cuentas en este país son deficientes, y las instituciones encargadas de vigilar los fondos públicos han sido utilizadas, en muchas ocasiones, como brazos políticos del oficialismo. Esta supervisión, lejos de ser una garantía de transparencia, podría convertirse en un simple trámite burocrático que legitime decisiones opacas.

CONSECUENCIAS PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y TRABAJADORES

La creación de una empresa constructora del Infonavit también genera preocupaciones en el sector privado. Al competir directamente con constructoras privadas, esta empresa contará con ventajas desproporcionadas, ya que estará exenta de ciertas contribuciones federales, estatales y municipales. Esto coloca a las constructoras privadas en una clara desventaja y abre la puerta a la monopolización del sector por parte del Estado. ¿Qué incentivos tendrán las empresas para seguir invirtiendo en el desarrollo de vivienda si el propio gobierno es juez y parte en el mercado inmobiliario?

Por otro lado, los trabajadores también serán los grandes perdedores con estas reformas. Si un trabajador incumple con los pagos de su vivienda, el Infonavit podrá recuperar el inmueble sin necesidad de intervención judicial. Este cambio es sumamente peligroso, pues deja en estado de indefensión a los derechohabientes y facilita procesos de despojo sin garantía de un debido proceso legal.

UN CHEQUE EN BLANCO PARA EL OFICIALISMO

Otro de los puntos más controversiales es el derecho de veto que tendrá el director general del Infonavit sobre resoluciones que no sean adoptadas por unanimidad dentro de la Comisión de Vigilancia, donde participan los representantes de los trabajadores y los patrones. Esto significa que, en los hechos, el poder de decisión recae en una sola persona, eliminando cualquier posibilidad de contrapeso dentro del organismo y dejando a millones de derechohabientes en manos de una administración con plena libertad para actuar a su conveniencia.

Pero lo más grave de esta reforma es la puerta que abre a la corrupción dentro del Infonavit. La creación de una empresa filial del instituto sienta las bases para una serie de prácticas turbias que pueden derivar en la malversación de fondos. Sin los mecanismos de control adecuados, este proyecto se convierte en una bomba de tiempo que podría estallar en pocos años, convirtiéndose en otro escándalo de corrupción que pondría en riesgo los ahorros de millones de trabajadores.

Facultar al oficialismo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para manejar a discreción estos recursos no solo implica un peligro económico, sino también una violación al derecho de los trabajadores a la propiedad de sus ahorros. El Infonavit, una institución que fue creada con la finalidad de garantizar el acceso a la vivienda digna, está en riesgo de convertirse en un simple instrumento político para financiar proyectos gubernamentales con dinero ajeno.

REFLEXIÓN FINAL

Es urgente que los trabajadores y la sociedad en su conjunto reflexionen sobre el impacto de estas reformas. Estamos ante un cambio que afecta directamente el patrimonio de millones de mexicanos, y no podemos permitir que el gobierno juegue con los ahorros de los derechohabientes bajo la excusa de una supuesta "orientación social". La transparencia, la rendición de cuentas y la garantía de un acceso justo a la vivienda deben ser las prioridades de cualquier reforma en este ámbito, y no la implementación de medidas que beneficien únicamente a un grupo en el poder.

La pregunta es clara: ¿permitiremos que se tomen decisiones unilaterales que ponen en peligro nuestro patrimonio, o exigiremos que se respete el derecho de cada trabajador a decidir sobre su propio futuro? El Infonavit no es un banco del gobierno ni una caja chica para financiar proyectos políticos. Es el fondo de ahorro de millones de mexicanos, y debe ser protegido a toda costa.