EL PERIODO ORDINARIO QUE LA CIUDADANÍA NECESITA, NO EL QUE LA POLÍTICA ACOSTUMBRA

Querido lector, qué bueno es estar de regreso. No hay mejor manera de comenzar el 2026 que con un análisis al periodo ordinario y la creciente necesidad de legislar mejor, no más. 

Cada vez que inicia un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso, la noticia suele pasar casi desapercibida. Para la mayoría, significa simplemente que las y los legisladores “regresan a trabajar”. Pero pocas veces nos detenemos a pensar que, en realidad, este momento define algo mucho más importante: sobre qué se va a discutir, qué problemas se van a atender y qué tan cerca está la agenda legislativa de lo que vivimos todos los días fuera de esos recintos.

Porque el problema no es que el Congreso sesione.

El problema es sobre qué decide sesionar.

Con el paso del tiempo, los periodos ordinarios se han llenado de iniciativas que responden a dinámicas políticas internas, a coyunturas partidistas o a temas que marcan la conversación mediática, mientras que muchas de las preocupaciones reales de la ciudadanía quedan en segundo plano. Se mencionan en discursos, se reconocen en foros, pero rara vez se convierten en prioridades legislativas sostenidas.

Y eso, poco a poco, ha ido generando una distancia que hoy ya se siente evidente.

Basta salir a cualquier colonia, hablar con vecinos, escuchar a jóvenes en espacios comunitarios, para notar que las urgencias son otras: inseguridad cotidiana, falta de oportunidades, abandono de espacios públicos, salud mental ignorada, pocas alternativas culturales y deportivas, desconfianza hacia las instituciones. No son temas nuevos, pero sí son temas que siguen esperando un lugar central en la agenda pública.

Por eso, el inicio de un nuevo periodo ordinario no debería verse como un trámite más del calendario legislativo, sino como una oportunidad para reordenar prioridades.

Si el Congreso quiere recuperar cercanía y legitimidad, este es el momento para demostrarlo con hechos. Y en ese reordenamiento hay un actor que pocas veces se coloca en el centro de la discusión con la seriedad que merece: las juventudes.

Las y los jóvenes no solo representan un sector amplio de la población; son quienes viven con mayor intensidad las consecuencias de decisiones que no toman en cuenta su realidad. Son quienes enfrentan la falta de oportunidades educativas y laborales, quienes ven deteriorarse los espacios donde podrían desarrollarse, quienes cargan con la normalización de la violencia y quienes, muchas veces, observan la política con distancia porque no se sienten parte de ella.

Y eso no debería ser así.

Este periodo ordinario tendría que abrir la puerta a iniciativas que fortalezcan la participación juvenil, que impulsen políticas públicas en salud mental, que recuperen el valor de los espacios culturales y deportivos, que fomenten el desarrollo comunitario y que permitan una interacción más directa entre ciudadanía y representantes populares.

No se trata de legislar más.

Se trata de legislar mejor y con sentido social.

El Congreso tiene la capacidad de convertirse en un verdadero puente entre las demandas de la gente y las soluciones institucionales. Pero para lograrlo, necesita demostrar que escucha, que entiende y que prioriza lo que sucede fuera de sus muros. Que su agenda no está dictada únicamente por negociaciones políticas, sino por la urgencia de atender realidades que se viven todos los días en calles, barrios y comunidades.

Este periodo ordinario puede marcar una diferencia si se asume como un momento para reconciliar la política con la ciudadanía.

Las y los legisladores tienen frente a sí la posibilidad de demostrar que el Poder Legislativo no es un espacio lejano, sino una herramienta viva para mejorar las condiciones de vida de las personas. Que la agenda responde no solo a tiempos políticos, sino a tiempos sociales.

La ciudadanía no espera discursos largos ni confrontaciones partidistas interminables. Espera soluciones concretas, representación real y decisiones que tengan impacto en su vida diaria.

Si este periodo ordinario logra reflejar esas expectativas, no será un ciclo legislativo más. Será un paso importante para reconstruir la confianza entre la sociedad y quienes tienen la responsabilidad de legislar en su nombre.

Porque, al final, el periodo ordinario que realmente importa no es el que marca el calendario legislativo, sino el que responde a las necesidades de la gente.