VOTANDO HACIA EL PASADO

El 2026 se perfila como un año decisivo para el futuro de nuestro sistema democrático. Una vez más, Morena intenta imponer una reforma electoral que, lejos de avanzar, parece retroceder en las reglas de acceso al poder político. Hago énfasis en la palabra "intento", ya que no es la primera vez que proponen algo similar; la diferencia radica en que ahora sus iniciativas gozan de preferencia gracias a la construcción de una mayoría calificada oficialista en el Congreso.

El contexto actual es complejo. En 2024 se consumó la captura política del Poder Judicial mediante una reforma a la justicia y la posterior elección de jueces en 2025, un proceso plagado de incongruencias. Sin embargo, los cambios institucionales y los retos para la organización de las elecciones continúan.

No es una historia nueva. Ya en 2019, el intento de vulnerar la autonomía del INE y reducir sus capacidades de vigilancia y sanción —percibido por muchos como una maniobra para eliminar oponentes— se topó con un fuerte rechazo público. Aquel movimiento ciudadano, bajo el hashtag #YoDefiendoAlINE, obligó al morenismo a archivar momentáneamente su iniciativa.

No obstante, la tregua fue breve. En 2022, ante la molestia del Ejecutivo por la autonomía del INE frente a los intereses gubernamentales y partidistas, surgió el llamado "Plan A". Esta propuesta de reforma constitucional buscaba elegir popularmente a los consejeros, eliminar prohibiciones para la intervención de servidores públicos en comicios, transferir el padrón electoral al gobierno, desaparecer el servicio profesional electoral y limitar las facultades de sanción de la autoridad. Pero no contaban con la resistencia institucional del INE ni con la masiva protesta ciudadana en las plazas del país, lo que empujó a la oposición a bloquear la reforma en el Congreso, impidiendo que alcanzara los votos necesarios.

Ante el fracaso del Plan A, y para evitar una derrota mediática, el oficialismo aprobó en cuestión de horas el "Plan B". Al tratarse de cambios a leyes secundarias, les bastaba su mayoría simple. El objetivo parecía ser desmantelar al INE: reducir su estructura profesional en un 85%, destituir al secretario ejecutivo y permitir la propaganda gubernamental durante las campañas. Estos cambios se aprobaron violando múltiples procesos parlamentarios, sin tiempo para la lectura o discusión. Finalmente, gracias a la presión social y las impugnaciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló dicha reforma por inconstitucional.

La insistencia continuó con el "Plan C", que retoma puntos del fallido Plan A y añade la eliminación de diputaciones y senadurías de representación proporcional, buscando borrar los mecanismos que permiten la pluralidad en el Congreso. Como estudiante de la Licenciatura en Derecho, interpreto que la estrategia cambió: optaron primero por colapsar al Poder Judicial para evitar que, como ocurrió antes, se revocaran las inconstitucionalidades de su agenda electoral, asegurando así el camino para sus reformas.

Hoy te recuerdo, estimado lector, que la democracia no solo se construye, sino que se defiende desde el conocimiento. Te invito a leer la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra ley suprema. Nos corresponde a todos alzar la voz por derecho propio; no nos convirtamos, por ignorancia o resignación, en espectadores y cómplices de la regresión autocrática que, a mi parecer, se pretende imponer.