CIUDADANO MEXICANO ¡EL AGUA ES TU DERECHO!

Los mexicanos se han cuestionado reiteradamente por qué persiste la escasez de agua en numerosos hogares del país. Desde la infancia, se enseña que el acceso al agua es un derecho fundamental, pero la realidad contrasta con ese principio. El tema, históricamente politizado, ha oscilado entre ser una bandera de lucha social y un instrumento electoral, sin que se materialicen soluciones duraderas.

El punto de inflexión se remonta a 2012, cuando el Congreso de la Unión reformó el artículo 4º constitucional para reconocer el derecho humano al agua. Sin embargo, esta reforma quedó incompleta al carecer de una ley reglamentaria que definiera su aplicación práctica. Más de una década después, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en priorizar este derecho ante la crisis hídrica que azota al país, agudizada desde 2024 por sequías extremas en varias regiones. El fantasma del «día cero» —el momento en que el suministro colapsaría— ha acelerado la discusión sobre una nueva Ley General de Aguas, que reformaría la actual normativa, obsoleta frente a desafíos como la contaminación de cuencas, la sobreexplotación de acuíferos y la desigual distribución del recurso.

Para diseñar esta ley, el gobierno federal inició en 2024 un proceso de diagnóstico técnico con la participación de la Conagua, universidades y ONG. Los resultados revelaron la urgencia de actuar: 30 millones de personas carecen de agua potable y el 50% del líquido se pierde en fugas en redes obsoletas. Además, en 2025 se realizarán foros regionales en zonas críticas:

• Norte: En Monterrey, la sequía crónica exige soluciones inmediatas, mientras en Chihuahua persisten conflictos entre sectores agrícolas y urbanos.

  
  

• Centro: La Ciudad de México enfrenta el agotamiento de acuíferos y la dependencia del sistema Cutzamala, vulnerable al cambio climático.

  
  

• Sur: En Chiapas y Oaxaca, comunidades indígenas padecen la falta de infraestructura básica, un rezago que demanda proyectos hídricos con enfoque social.

  
  

La futura ley también abordará tensiones entre actores. Por un lado, regularía el uso del agua en megaproyectos industriales —como los de empresas refresqueras, cerveceras o mineras—, y por otro, replantearía el consumo en el sector agrícola, responsable del 76% del uso nacional pero lastrado por técnicas de riego anticuadas y abandono institucional.

El éxito de esta iniciativa dependerá de su transparencia y capacidad para integrar no solo a expertos, sino a comunidades afectadas. Además, deberá equilibrar tres ejes: el derecho humano al agua, la sostenibilidad ambiental y las necesidades económicas. En un país donde el agua es simultáneamente un símbolo de justicia social y un recurso en crisis, la nueva legislación podría marcar un antes y un después… o quedar como otra promesa incumplida.