VOTO POR VOTO, CASILLA POR CASILLA

¿Alguna vez se han preguntado si un movimiento político ha participado democráticamente en elecciones con el objetivo de llegar al poder, y una vez lográndolo cambia las reglas del juego a su conveniencia para no perder el poder político? Bueno, bienvenidos a nuestro México mágico.

Durante la actual administración federal y la anterior (2018-actualidad), México ha experimentado reformas que mancillan la democracia imperfecta pero funcional. Desde la reforma al Poder Judicial, que convirtió a expertos del Derecho en actores políticos hasta la reforma electoral, que será tema central de este análisis. Ese famoso “voto por voto, casilla por casilla” —sin mencionar marcas para no herir susceptibilidades— terminó costándonos el México democrático que conocíamos. Pero en concreto, ¿en qué consiste esta reforma electoral?

La reforma electoral abarca muchos ejes, desde la integración del Congreso de la Unión —casa donde nacen las leyes— hasta la reducción de costos bajo el argumento del ahorro. Dos aspectos concentran la discusión: el nuevo diseño del Congreso y la eliminación del PREP —al menos en la práctica—. 

En la Cámara de Diputados seguirían existiendo 500 diputados, de los cuales, 300 seguirán siendo elegidos por distrito, como ahora: el candidato con más votos gana. Sin embargo, los otros 200 diputados de representación proporcional se reorganizarían de la siguiente manera: 100 serían candidatos que perdieron su distrito, pero obtuvieron alta votación (“mejores perdedores”), y 100 por votación directa en circunscripciones regionales, incluyendo la representación de mexicanos en el extranjero, quitándole el poder a las dirigencias partidistas para seleccionar a los plurinominales.

El argumento es que este sistema haría más democrática la representación porque entrarían candidatos que sí recibieron votos y no solamente personas designadas por los partidos. Sin embargo, este planteamiento contiene una falacia de simplificación excesiva, porque presenta a los diputados plurinominales como el principal problema del sistema electoral.

Además, también aparece una falacia de falso dilema, cuando se plantea que el sistema actual debe sustituirse porque los ciudadanos deben elegir directamente a los legisladores, como si la representación proporcional fuera antidemocrática. En realidad, el sistema mixto existe precisamente para equilibrar el poder entre mayorías y minorías.

El cambio sería todavía más fuerte en el Senado de la República. Actualmente está integrado por 128 senadores: tres por cada estado —dos para el partido que gana la elección y uno para el segundo lugar— y 32 senadores plurinominales que se asignan de acuerdo con el porcentaje nacional de votos de los partidos. La reforma propone reducir el número de senadores a 96 integrantes, eliminando a los plurinominales, de modo que los senadores solo serían elegidos por la misma fórmula: dos para el partido con más votos y uno para el segundo lugar. Esto significa que solo tendrían representación los partidos capaces de ganar elecciones estatales, lo que generaría menor diversidad política.

Otro aspecto importante es la eliminación indirecta del PREP, sistema organizado por el INE que permite conocer resultados preliminares la misma noche de la elección. Aunque la reforma no establece expresamente su desaparición, sí introduce un cambio al señalar que los cómputos de las elecciones federales iniciarán desde la recepción del primer paquete electoral en los Consejos Distritales. Este cambio reduce la función que actualmente cumple el PREP, pues si el cómputo oficial comienza inmediatamente con la llegada de los paquetes electorales, el sistema preliminar pierde su papel como principal fuente de información durante la noche electoral. En la práctica, esto lo vuelve prescindible.

Aunque el PREP no define legalmente una elección, genera evidencia pública inmediata basada en actas verificables, lo que permite contrastar resultados desde las primeras horas de la jornada electoral.

La reforma electoral planteada es una modificación al equilibrio democrático. Defender los principios electorales significa que no se puede ser juez y parte. Cuando la confianza en las elecciones se reduce, lo que está en juego no es solo una elección, sino la estabilidad democrática del país.