UNA LEY DE RENTAS JUSTAS, PERO QUE LE FALTA EMPUJE POLÍTICO

Desde hace ya varios meses, el gobierno capitalino de la Ciudad de México, específicamente la jefa de Gobierno de la entidad, Clara Brugada, ha mandado y remendado una propuesta legislativa que insta a regularizar contratos de naturaleza arrendataria dentro de la gran metrópoli, esto debido a la innegable problemática social de la gentrificación, el alza de costos en los servicios y una contrastante pero clara disparidad económica entre quienes trabajan para vivir y los que viven de quién trabaja.

Es decir, en palabras menos rebuscadas, un salario que no alcanza para siquiera mantener una renta en una zona en la que constantemente los poderes económicos hacen que los locales, ya no pertenezcan ahí, sencillamente porque no lo pueden costear. Es así como el gobierno capitalista, con la presión mundialista, y con una clase trabajadora que simplemente no puede competir económicamente para mantenerse en su entorno de origen, amenaza latentemente, con tomar las calles e impedir que la gesta mundialista se lleve a cabo, manchando así una narrativa que se ha construido desde Palacio Nacional. 

Ahora, es importante resaltar que las políticas públicas de esta naturaleza no pueden salir en ”fast track”, o mejor dicho, sin planeación; si bien, la jefa de gobierno, establece en su iniciativa que la renta no podrá ascender por encima de la inflación registrada por el INEGI, el mismo congreso capitalino, ha “congelado” el proceso legislativo alrededor de dicha propuesta, y cuentan más de siete días, que la iniciativa no ha vuelto a ver la luz del debate legislativo, simplemente no se ha vuelto tema de interés en el congreso. Por lo tanto, no tenemos claridad de que ese empuje y demanda social, se lleve a cabo.

Recalquemos la parte de falta de planeación, porque, sí, en efecto, cuando una iniciativa es frenada, quiere decir, que no hubo estrategia legislativa, ni mucho menos estrategia política; o simplemente, no se quiere ejecutar y se queda en la simulación. Es importante que para la fecha de redacción de este artículo, la renta promedio en la CDMX asciende alrededor de $17, 610 a $25, 000 pesos mensuales y tomando en cuenta la encuesta del INEGI de Ingresos y Gastos de los Hogares, la CDMX se coloca en la segunda entidad a nivel federal más cara para vivir contrastando con un ingreso corriente por hogar de $25,000 pesos por familia,  es decir, un desbalance total y abrumador en cuanto a lo que perciben monetariamente las familias promedio, a lo que cuesta una vivienda digna y conectada, así como situada cerca del centro de trabajo del capitalino promedio. 

Evidentemente existe una problemática, es una muy clara: la falta de control institucional al capital privado, no hablo de control autoritario, sino de regularización legal, no se puede permitir que la vivienda sea un centro variabilidad del capital, no son acciones con las que se puede jugar, porque esto se traduce, con jugar con la estabilidad de la familia, se necesita precisamente que el gobierno intervenga y que las rentas no suban por el simple hecho del atractivo turístico de la ciudad hacia los norteamericanos y canadienses, que logran ascender los precios, reduciendo a los locales a una minoría, y desalojándolos de un núcleo que hasta hace poco, les pertenecía. 

El problema no es el turista que paga el sobreprecio, es aquel que, para percibir más ganancias, infla los precios, sin importar que estén por encima del salario promedio gracias a la falta de regularización legal de las rentas y de contratos de esta naturaleza. 

En esencia, la propuesta es justa y razonable, además de necesaria, pero se necesita estrategia política para su aprobación, se necesita voluntad política para su eficacia y se demanda una mejor planeación, más severa y con más protección hacia el local y no con el extranjero. 

Es una propuesta socialmente necesaria y políticamente relevante, que solo podrá surtir efectos positivos con la sociedad si se logra aprobar, sostenerse en el tiempo y equilibrar la justicia social con viabilidad económica. 

No se trata de discurso ni de narrativa, se trata de planeación, estrategia, cobertura y de bases jurídicas y políticas sólidas; de nuevo, si la iniciativa, se queda en una gaceta oscura de los legisladores de la capital, simplemente las y los trabajadores, tendrán que seguir siendo relegados de sus lugares de origen, quedando más lejos de su zona de trabajo, fuera de su cultura, de sus plazas y de su localía, es decir, se pierde la identidad si se prioriza al mercado inmobiliario y no a aquellos que le dan forma y que por supuesto lo costean; en pocas palabras, las políticas públicas que no tienen planeación, son letra muerta y los rezagados son los mismos: los trabajadores.