REFORMA ELECTORAL, CONTROL LEGISLATIVO Y GOBERNABILIDAD: MÉXICO ANTE SUS RIESGOS POLÍTICOS EN 2026

Inicia 2026 con un discurso gubernamental que parece apostar por una mayor proyección internacional, en ocasiones llevada al límite de la Doctrina Estrada, y que plantea el reto de que México decida si realmente enfrentará el escenario global con una soberanía activa y no meramente declarativa. Sin embargo, este enfoque convive con una agenda interna claramente inclinada hacia lo electoral, lo que anticipa un año marcado por tensiones políticas e institucionales.

No es casual que, como ha ocurrido en años recientes, el gobierno federal haya comenzado el año definiendo los temas mediáticos y legislativos que marcarán la agenda del Congreso. Esta estrategia busca encauzar el debate público y legislativo, obligando a los grupos parlamentarios a reaccionar, ya sea mediante propuestas sólidas o mediante una oposición reactiva que, en la práctica, ha demostrado ser insuficiente para construir acuerdos de fondo en beneficio del desarrollo institucional del país.

En este contexto, se ha anunciado que en aproximadamente tres semanas estará lista una iniciativa de reforma electoral. Tema que, al igual que todos, será a base de un arduo trabajo legislativo. La experiencia reciente nos obliga a mirar al pasado durante los últimos años, lo cual refleja un resultado deficiente con las últimas reformas para desaparecer múltiples órganos autónomos, para renovar un sistema de designación de jueces o bien, para renovar un sistema hídrico nacional en riesgo pese a las claras demandas y oposiciones sociales no obstante. Y aunque pocos legisladores hagan un verdadero trabajo bien estructurado con propuestas sólidas, no resulta suficiente para lograr un trabajo intrapartidista que realmente beneficie a México, y la principal razón es la concentración del control y poder legislativo en un solo partido. Sin embargo, en esta ocasión, el análisis y sobre todo la posible aprobación de esta iniciativa, será totalmente diferente, y todo parece indicar que el gobierno actual tendrá la misma fuerza para imponer su agenda legislativa sin discusión vinculante.

El pasado 15 de enero del 2026, la comisión presidencial para la reforma electoral encabezada por Pablo Gómez, entregó en palacio nacional una propuesta con los puntos clave para integrar la iniciativa electoral por parte del Ejecutivo. Tema que por supuesto no fue tomado a la ligera, sobre todo por las últimas declaraciones de la propia comisión así como las contrapropuestas formuladas por el Instituto Nacional Electoral. Y es que aunque aún no está redactada en su totalidad, se deja en claro que la reducción de las cámaras del congreso de la unión, del gasto electoral, de partidos, y del fuero legislativo, así como la votación concurrente en materia judicial, serán algunos temas sujetos a debate. Desde luego que no hay que olvidar que otro de los temas principales será la autonomía del propio Instituto Nacional Electoral. Y pese a que el coordinador del partido en poder, Ricardo Monreal, así como la propia presidenta, salgan a los medios a decir que creen en la autonomía, Pablo Gómez no refleja la misma postura que se supone ha entregado en palacio nacional, pues, para él, un órgano administrativo como el INE no es autónomo en el sentido estricto de la palabra, sino un órgano con plena independencia al margen de principios legales, que no debe ser considerado autónomo. Un abogado especialista en materia constitucional o bien, un experto en derecho legislativo, desde luego que no pasará desapercibido que se trata de una postura personal basada en una teoría jurídica propia de cualquier buen experto en leyes como Pablo Gómez, sin embargo, no deja de ser una teoría y sesgo que de una u otra manera tuvo injerencia en la propuesta ya entregada al ejecutivo. Por ello es que la postura formuló revuelo y ha sido utilizada por la oposición y todos los medios para darle la peor de las interpretaciones. 

Sin embargo, no deja de ser un sesgo de distracción para olvidar dos de los temas principales que tendrán un gran impacto jurídico y político: la intención de desaparecer plurinominales tanto en la cámara de diputados como en la cámara de senadores, y, por otro lado, la intención de tener unas votaciones concurrentes en el próximo periodo electoral para que en una misma boleta se incluya la votación por la revocación de mandato de la Presidenta, la elección de 850 juzgadores, 464 magistrados de distrito y 386 jueces de circuito, y, en una tercera opción, la elección de 17 gobernadores, 1804 presidentes municipales en 30 estados y 1098 diputados en 31 congresos locales. De aprobarse en los términos que han dejado en claro, deja entrever un propósito claro: el tinte del gobierno en poder influirá en la elección de los juzgadores del poder judicial. 

La situación ha escalado al grado de que incluso la mayoría de los diputados y senadores por el Partido Verde han manifestado que no respaldarán ninguna reforma electoral, mientras que el propio Coordinador del Partido del Trabajo de la cámara de diputados ha manifestado algo muy atinado; “para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores, morena solo tiene 253”. Este escenario obliga, por primera vez en varios años, a una negociación real.

En suma, aunque México mantiene en 2026 una estabilidad política basada en la legitimidad electoral y la continuidad del gobierno, bajo esta superficie persisten riesgos políticos estructurales vinculados al debilitamiento institucional, la polarización social y la limitada capacidad del Estado para asegurar seguridad, legalidad y gobernabilidad en el territorio.