MÉXICO: SOBERANÍA COMO EXCUSA, IMPUNIDAD COMO SISTEMA

El Estado Mexicano se encuentra en un Estado Fallido de Derecho, es decir, que la mayoría de las autoridades no actúan conforme al marco normativo que rige a nuestro país. Desde reformas que mancillan la esfera constitucional violando derechos humanos hasta acusaciones provenientes del exterior hacia funcionarios que actualmente se encuentran o se encontraban en posiciones de poder. Entre ellos encontramos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”, alguna vez dicho por Porfirio Díaz… Hoy en día me atrevo a decir “pobre de mi México, tan lejos del Estado de Derecho y tan cerca del crimen organizado”… Tan es así que este último participó activamente en los comicios de 2021 (donde triunfó Rocha) y 2024. Por ejemplo, según las cifras de Etellekt, el proceso electoral 2020-2021 dejó 1,066 agresiones contra políticos y 102 asesinatos, de los cuales 36 eran candidatos o aspirantes a cargos públicos.

Pero específicamente abocándonos al territorio sinaloense hay distintos testimonios en donde se habla de “levantones” de candidatos, amenazas telefónicas y vía mensaje. “Déjate de pendejadas. Mañana no te quiero ver en la calle” (víctima citada por De Manuelón, 2021, p.7), es uno de los enunciados que se suscitaron en el proceso electoral. Este tipo de hechos se repitieron a lo largo y ancho de Sinaloa. El hoy, o anterior gobernador sinaloense al final de la jornada electoral triunfó con el 56.60% de los votos, representando la coalición MORENA-PAS (Partido Sinaloense). Por tal motivo en este momento México se encuentra en su segunda temporada de esta novela llamada Cuarta Transformación: la acusación de Estados Unidos a Rocha Moya por nexos con el crimen organizado. 

El gobierno de Estados Unidos acusa al (ex) gobernador sinaloense Rocha Moya por cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de alto poder. No solo eso, sino que la acusación sostiene que la relación entre Rocha y un grupo criminal (sin señalarlo por temas de seguridad personal) propició su triunfo en el 2021. 

Los dichos por parte de la fiscalía de Nueva York despertaron en el gobierno mexicano sentimientos de ansiedad, angustia y desesperación, especialmente en la mandataria Claudia Sheinbaum y el hoy acusado —y con justa razón—, que utilizaron el mismo principio de siempre: la soberanía y el debido proceso, pero ¿en qué momento el gobierno mexicano en estos dos últimos sexenios ha actuado conforme al debido proceso?, ¿en realidad resultó sorprendente la noticia del gobernador y otros funcionarios y sus nexos con el narco? En realidad no y es tan lamentable que los ciudadanos se acostumbren a esto pero la pregunta central de esto sería sobre las implicaciones políticas y jurídicas que habrá en la relación bilateral por la acusación del gobierno estadounidense hacia políticos mexicanos como Rocha Moya.

En términos de legalidad, si políticamente operó con ayuda del crimen organizado durante las elecciones, su triunfo a la gubernatura resulta ilegítimo, y por lo tanto se le tendría que iniciar un proceso de desafuero por actuar fuera de la ley e iniciarle un procedimiento penal o bien, solicitará una licencia temporal mientras “se esclarecen los hechos”, lo que pase primero (no hay nada que aclarar); sin embargo, seamos realistas, es muy poco probable que llegue a ser juzgado por instituciones que son lideradas por personas afines al gobierno federal. A decir verdad, debemos de considerar que el impacto de esta costosa situación se da en el espectro político-jurídico internacional, puesto que aquí convergen principios de derecho internacional, dinámicas de cooperación bilateral y tensiones inherentes a la soberanía estatal.

Lo anterior, derivado de que lo que está en juego no es la estabilidad interna —es importante cabe aclarar— sino que en términos prácticos lo que está en juego es la credibilidad internacional del Estado mexicano frente a un sistema global que ha dejado de tolerar (en el discurso por lo menos) la coexistencia entre poder político y estructuras criminales (poder de hecho). En la lógica contemporánea de seguridad mundial, Estados Unidos no espera el “visto bueno” del país señalado, simplemente actúa —como lo presenciamos con la captura de Maduro—; y cuando lo hace, envía un mensaje implícito pero contundente: la desconfianza hacia la capacidad o la voluntad del Estado mexicano para investigar y sancionar a sus propios actores políticos.

Frente a esto, el gobierno mexicano ha decidido esconder su cabeza bajo tierra (como los avestruces) y protegerse en los principios clásicos de soberanía y no intervención, invocando el debido proceso como escudo discursivo. Sin embargo, esta postura contrasta con las dudas persistentes sobre la eficacia real de sus instituciones, en especial de la FGR, pues es esta la que queda en una zona de tensión política, pues su inacción o actuación limitada reforzaría la percepción internacional de un aparato institucional condicionado por intereses políticos. En otras palabras, el problema deja de ser la acusación y pasa a ser la respuesta del Estado.

A este escenario se suma un riesgo de carácter económico-estratégico: la estabilidad del T-MEC, pues si Estados Unidos así lo desea puede considerar como medio de presión política el fin de este tratado, pues la eventual protección política a figuras señaladas por vínculos con el crimen organizado podría detonar tensiones graves con Estados Unidos, afectando no solo la cooperación en seguridad, sino también los compromisos comerciales.

Si el Estado mexicano no puede o no quiere investigarse a sí mismo, otros lo harán; y cuando eso ocurre, ya no se trata solo de justicia, sino de poder. Porque en el momento que la política protege lo indefendible, la soberanía deja de ser un principio y se convierte en una EXCUSA… y el costo no se paga en discursos, sino en credibilidad, en instituciones y, eventualmente en acuerdos internacionales.