LEGISLAR NO ES CALCULAR: LOS LÍMITES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL PROCESO PARLAMENTARIO

La inteligencia artificial (IA) se ha instalado en el debate legislativo con la velocidad de una moda tecnológica. Parlamentos de todo el mundo exploran sus usos: redactar iniciativas, analizar normas, sistematizar dictámenes. En México, aún no entendemos ni delimitamos cual debería ser el acompañamiento de la inteligencia artificial en el que hacer político y legislativo de nuestros congresos. Por eso es que nace la disyuntiva si ¿un congreso automatizado es la respuesta a la verdadera eficiencia legislativa?. 

La respuesta no es tecnológica; es política. Legislar es, fundamentalmente, un acto de deliberación entre representantes con mandatos distintos, intereses encontrados y visiones del bien común en tensión. Ese proceso —lento, a veces engorroso, frecuentemente incómodo— no es un defecto del sistema. Es su razón de ser. Cuando una IA sintetiza posiciones ideológicas o prioriza una agenda, no elimina el conflicto: lo oculta bajo la apariencia de neutralidad técnica. Y la neutralidad fingida es, en política, una forma de parcialidad. Además de una representación ficticia. 

El segundo riesgo es estructural y tiene nombre: concentración. Los sistemas de IA con capacidad real de análisis legislativo —los que pueden cruzar jurisprudencia, derecho comparado y marcos internacionales en segundos— no son herramientas abiertas. Son productos de un puñado de corporaciones tecnológicas que operan desde lógicas privadas, con datos propietarios y sin rendición de cuentas ante ningún electorado. Integrar esas plataformas en el corazón del proceso legislativo equivale a introducir un actor no electo, opaco y no regulado en la producción legislativa. Que ese actor sea un algoritmo y no un legislador de traje no lo hace menos influyente: lo hace más difícil de identificar y someter a un sistema democrático. 

Esto nos lleva al tercer problema: la opacidad. Una democracia funciona sobre la premisa de que las decisiones públicas deben poder escrutarse, debatirse y revertirse.

Cuando una norma emerge en parte de un modelo de lenguaje entrenado con datos cuya procedencia nadie conoce, y cuyo razonamiento interno nadie puede auditar, se rompe esa cadena de responsabilidad. El Parlamento Europeo, en sus directrices para el uso de IA en parlamentos, ha insistido en que cualquier herramienta de este tipo debe cumplir con criterios mínimos de trazabilidad: saber qué resolvió la IA, cómo lo resolvió y quién revisó ese resultado antes de que incidiera en una decisión. En México, esa conversación apenas empieza. 

Nada de lo anterior implica rechazar la tecnología. Hay usos legítimos y valiosos: sistematizar el Diario Oficial, detectar inconsistencias formales en iniciativas, traducir lenguaje técnico para la ciudadanía, hacer accesibles los registros parlamentarios. La IA puede ampliar el acceso democrático a la información. Pero hay una diferencia crucial entre una herramienta que informa al legislador y una que sustituye su juicio. La primera fortalece la técnica parlamentaria; la segunda la vacía de contenido. 

El filósofo Daniel Innerarity lo plantea con precisión: la pregunta no es si los algoritmos pueden hacerse cargo del proceso político, sino si tienen la legitimidad para hacerlo. Un sistema de IA no tiene historia, no tiene vínculos con quienes padecen las leyes que procesa, no responde ante nadie en las próximas elecciones. La representación política es, antes que cualquier otra cosa, un acto de responsabilidad ante otros. Eso no se puede automatizar. 

México se encuentra hoy en un punto de inflexión regulatorio. Mientras otros países avanzan —la Unión Europea con su AI Act basado en evaluación de riesgos, varios estados de la Unión Americana con legislación específica sobre IA en campañas y procesos electorales— nuestro Congreso carece de un marco mínimo que regule el uso de estas herramientas en su propio seno. Es paradójico: se debate cómo regular la IA en la sociedad sin haber definido cómo usarla, o no usarla, puertas adentro. 

La velocidad es un valor en la industria tecnológica. En la democracia, en cambio, la lentitud deliberativa tiene una función: permite que las voces disidentes se escuchen, que los errores se corrijan antes de volverse ley, que el debate público incida en el resultado. Un Congreso que legisla en 15 minutos no es un Congreso más eficiente. Es un Congreso que ha dejado de deliberar.

Referencias: Innerarity, D. (2025). Democracia Artificial. Diálogo Político. | Fitsilis, F. et al. (2024). Directrices para el uso de la IA en los Parlamentos. WFD. | Ovaciones.mx (2025). Legislando con inteligencia artificial. | Central Electoral INE (2026). Gobernanza de IA y derechos digitales.