LA REESTRUCTURACIÓN ELECTORAL EN MÉXICO ¿ESTAMOS LISTOS?

El pasado 4 de marzo del presente año, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, recibió una propuesta de reforma en materia electoral por parte del Poder Ejecutivo, la cual fue publicada por la tarde en la Gaceta Parlamentaria como el Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De inicio, la reforma introduce un financiamiento y fiscalización rigurosos para los partidos políticos, candidatos, el Instituto Nacional Electoral (INE) y demás organismos electorales, prohibiendo estrictamente recursos de gobiernos, organismos extranjeros, fondos de inversión o personas residentes fuera del país, así como el uso de efectivo en aportaciones privadas, las cuales deberán realizarse exclusivamente mediante transferencias electrónicas o instrumentos financieros nominativos. Además, obliga a reportar diariamente los ingresos y egresos, incluyendo divisas y activos virtuales como criptomonedas, lo que refuerza la prohibición de fondos provenientes de actividades ilícitas.

Un aspecto importante de la propuesta es la reestructura del Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados, que actualmente mantiene 500 escaños, se conservarían las 300 diputaciones por mayoría relativa, mientras que las 200 de representación proporcional las divide en 100 curules para los candidatos con los mejores porcentajes que no ganaron su distrito y los otros 100 asignados a través de listas regionales, reservando espacios para la figura de diputados migrantes. Por parte del Senado, el número de escaños lo reduce a 96, eliminando 32 senadurías de lista nacional (plurinominales) y se mantiene solamente la representación por estado, con dos senadores de mayoría y uno de primera minoría por entidad federativa. 

La reforma busca fortalecer el voto y la democracia participativa, regulando el uso de tecnologías de la información, como la inteligencia artificial (IA) y la comunicación, en las consultas populares, con el objetivo de modernizar y agilizar el proceso electoral. Entonces, los resultados de consultas populares, referéndums y plebiscitos tendrán carácter vinculante para las autoridades correspondientes siempre que participe al menos el 40% de la lista nominal, lo que obliga a los poderes públicos a acatar el mandato ciudadano bajo esa condición de participación. Asimismo, las legislaturas locales deberán regular estos mecanismos digitales de democracia, fijando un tope máximo del 2% de la lista nominal como umbral para que la ciudadanía pueda acceder a estos.

Hay un apartado de la reforma que atañe exclusivamente a los medios de comunicación y al uso de la inteligencia artificial, ya que reduce el tiempo oficial de radio y televisión a disposición del INE, que pasa de 48 a 35 minutos diarios, con el fin de ajustar el espacio público electoral. Al mismo tiempo, todo contenido electoral que utilice sistemas de IA deberá ser claramente etiquetado en su publicación por parte de su emisor.

Considerando los cambios y el actual sexenio, para MORENA, la reducción del financiamiento público no representa una fluctuación tan severa, ya que su estructura de militancia es por ende orgánica, lo que los hace menos “dependientes” a ojo público de los recursos estatales en comparación con sus rivales. 

No obstante, para la oposición parlamentaria, la situación financiera y operativa se constriñe, reforzando la fiscalización diaria (incluyendo activos virtuales), lo cual limita el margen de maniobra económica. Además, la nueva distribución de diputados les obliga a abandonar la comodidad o el "dedazo", como se dice popularmente, de las listas nacionales y a competir activamente en todos los distritos para rescatar espacios de representación.

Finalmente, la reducción de tiempos oficiales en medios aligera la carga de transmisión electoral, pero les impone la responsabilidad legal de vigilar el uso de IA, la cual aún no cuenta con normas consolidadas para su regulación en México.