LA 4T ANTE LA REFORMA ELECTORAL: LOS LÍMITES DE LA MAYORÍA

La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum fue presentada el miércoles 3 de marzo luego de ser retrasada en tres ocasiones, pese a que la coalición gobernante cuenta numéricamente con los votos necesarios para su aprobación. Este hecho deja en evidencia la falta de consenso entre las fuerzas políticas en el poder y anticipa que el debate en torno a la reforma no solo será técnico, sino también profundamente político.

La iniciativa presentada por Sheinbaum no puede entenderse de manera aislada, sino como parte de un proceso que se remonta al gobierno de López Obrador. Desde el inicio de la llamada Cuarta Transformación, las reformas en materia electoral han sido planteadas bajo la premisa de reducir los costos del sistema y corregir lo que el oficialismo considera distorsiones en la representación política. En este sentido, la propuesta actual refleja una clara continuidad programática con el sexenio anterior, aunque también pone de relieve las limitaciones políticas que enfrenta el nuevo gobierno para materializar dichos cambios.

La iniciativa que busca reformar 11 artículos de la Constitución, propone, entre otras cosas, una nueva conformación del Congreso de la Unión. El Senado de la República quedaría integrado por 96 representantes en lugar de 128, eliminando los 32 escaños de representación proporcional. Por su parte, la Cámara de Diputados seguiría integrada por 500 legisladores, pero los 200 electos por representación proporcional mediante listas lo serían ahora por voto popular. Asimismo, se plantea la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y un ajuste presupuestal al Instituto Nacional Electoral.

Para el oficialismo, estas medidas responden a la necesidad de reducir el costo del sistema electoral mexicano, considerado por algunos sectores como excesivo. Sin embargo, se puede advertir que el debilitamiento financiero tanto de las autoridades electorales como de los partidos podría alterar las condiciones de equidad en la competencia política y reducir los márgenes de representación para las minorías políticas que han encontrado en los mecanismos de representación proporcional un espacio dentro del sistema legislativo.

Si bien la propuesta anunciada ha sido señalada por analistas y por los partidos de oposición como una regresión autoritaria que echa abajo el modelo de pluralidad y representación construido a lo largo de décadas —y como un intento de controlar el sistema electoral y blindar las mayorías con las que el gobierno cuenta—, resulta interesante que hoy el principal dique de contención a las intenciones presidenciales sean los mismos partidos con los que Morena unió fuerzas para lograr la continuidad del proyecto político de la 4T.

El Partido del Trabajo ha anunciado, a través de su coordinador en la Cámara de Diputados, su posición en contra de la reforma propuesta por la presidenta, por considerarla un “retroceso democrático”, y ha alertado sobre el riesgo de volver a un “partido de Estado”, con lo que se rompería la mayoría calificada (dos terceras partes) necesaria para la modificación constitucional.

Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México ha sido más ambiguo en su postura. No obstante, es previsible que estas modificaciones afecten sus márgenes de acción, dado que ambos partidos dependen en gran medida del financiamiento público para operar y de los mecanismos de representación proporcional para asegurar su presencia legislativa y política.

La postura crítica del PT y la ambigüedad del Verde evidencian los límites de la mayoría legislativa de Morena. Más que un ejercicio de contrapeso institucional o de un genuino interés por las garantías democráticas, esta situación pone de manifiesto la lógica de negociación que caracteriza a las coaliciones legislativas en sistemas multipartidistas y la prevalencia de sus intereses. 

Paradójicamente, hoy las garantías democráticas que se han construido y perfeccionado a lo largo del tiempo no dependen de los partidos de oposición (con los que jamás hubo diálogo), sino de los partidos tradicionalmente considerados “satélite” que se han beneficiado de las mismas para consolidar su poder e influencia y ahora adquieren una capacidad de veto que les permite renegociar su posición dentro de la alianza gobernante. La discusión sobre la reforma, por lo tanto, no sólo gira en torno al diseño del sistema democrático mexicano, sino también a los límites políticos de la propia mayoría que busca transformarlo.