ENTRE LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA: EL IMPACTO DEL CASO SINALOA
- Gustavo González Tapia

- 12 may
- 3 Min. de lectura

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez y otros ocho funcionarios o exfuncionarios estatales, fueron formalmente acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa y por delitos vinculados al tráfico de drogas.
El caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, lo que confirma que el proceso se encuentra en una etapa formal dentro del sistema judicial de ese país.
Según la acusación, los funcionarios no solo habrían permitido la operación del cártel, sino que también presuntamente brindaron protección a sus líderes, evitando que fueran investigados, detenidos o procesados. Además, se les atribuye la filtración de información confidencial en materia de seguridad, incluyendo datos relacionados con el Ejército, con el fin de facilitar las actividades ilícitas de la organización.
La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó a los señalamientos al afirmar que la Fiscalía General de la República (FGR) solo deberá proceder si existen pruebas “contundentes e irrefutables”. En ese sentido, advirtió que, de no presentarse evidencia sólida, las acusaciones podrían interpretarse como parte de una estrategia con tintes políticos por parte del gobierno estadounidense.
Las reacciones en el ámbito político nacional no se hicieron esperar. El senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno, solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) que se retire el registro como partido político a Morena. Asimismo, la bancada priista en la Cámara de Diputados propuso una reforma legal para establecer la inhabilitación permanente de cualquier funcionario público que sea vinculado con organizaciones criminales.
Por su parte, el partido Movimiento Ciudadano promovió ante el Congreso de la Unión el inicio de un proceso de desafuero contra Rúben Rocha y los demás implicados. La solicitud plantea la apertura de un juicio de procedencia, argumentando la posible comisión del delito de conspiración para el tráfico de sustancia ilícitas en coordinación con el Cártel de Sinaloa.
En el ámbito internacional, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos manifestó su respaldo a las investigaciones a través de redes sociales, señalando que estas acciones representan “solo el inicio”. Legisladores republicanos afirmaron que los “días de impunidad para los narcoterroristas han terminado”, en referencia a la política del presidente Donald Trump de catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.
En medio de este contexto, resurgió la polémica en torno a una carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada, difundida en agosto de 2024 tras su detención en Texas. En el documento, el narcotraficante afirmó que no se entregó voluntariamente, sino que fue llevado por la fuerza a Estados Unidos. También señaló que tenía previsto reunirse el día de su captura con Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien fue asesinado ese mismo día. El gobernador negó estas afirmaciones, asegurando que no tenía conocimiento de dicha reunión y que en esa fecha no se encontraba en Sinaloa.
Ante la gravedad de las acusaciones, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, lo que derivó en el nombramiento de Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina. Bonilla Valverde se desempeñaba previamente como secretaria general de Gobierno desde octubre de 2025.
Sin duda, se trata de un escenario complejo para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien enfrenta la disyuntiva entre respaldar a un miembro de su propio partido o colaborar plenamente con la investigación para sostener su postura. Por su parte, Donald Trump también actúa bajo presión, marcada por la disminución en su nivel de aprobación y la cercanía de las elecciones intermedias de noviembre. Ambos actores se encuentran en una situación de tensión política, donde cada uno busca imponer su versión de los hechos y obtener ventaja a partir del desenlace del caso.






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