CRISIS DE CREDIBILIDAD: UN GOBIERNO QUE EXIGE PRUEBAS PERO EVITA RESPUESTAS

Mientras se esperaba la solicitud formal del Gobierno de Estados Unidos a México para iniciar con el procedimiento de extradición del polémico funcionario,  al interior del país no se actuaba con firmeza institucional, sino que se operaban maniobras políticas para contener el costo del escándalo, cuidando, ante todo, a la principal fuerza en el poder. Lejos de una conducción clara, la Presidenta ha quedado atrapada en un margen de acción estrecho, condicionado más por intereses partidistas que por un compromiso real con la justicia.

En ese contexto, los desesperados intentos por encontrar una salida “conveniente” han sido evidentes. La Presidenta ha reiterado públicamente que solo se procederá con el proceso de extradición siempre que existan pruebas contundentes; al respecto, hasta el lunes 04 de mayo, se dio a conocer que a pesar de no existir una solicitud formal de extradición, pero sí una solicitud de “detención provisional”, la cual carece hasta ahora de elementos suficientes para justificar su “urgencia”.

Resulta todavía más cuestionable que, pese a que el Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos permite la detención provisional con requisitos mínimos, sin necesidad de pruebas de fondo en esa etapa, bastando simplemente la solicitud diplomática y requisitos de forma a reserva de hacer la solicitud formal en un plazo de 60 días, el gobierno opte por escudarse en la supuesta falta de elementos. No parece tratarse de un obstáculo jurídico, sino de una decisión política disfrazada de legalidad.

Aun así, el Ejecutivo Federal insiste en hablar de “debido proceso” y de respeto a la presunción de inocencia en favor de Rocha. El problema no es el principio en sí, sino la evidente selectividad con la que se invoca. En un país que ha insistido en la existencia de la prisión preventiva oficiosa, desobedeciendo incluso la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, figura que se ha normalizado e incluso defendido desde el propio poder, el discurso resulta no solo incongruente, sino abiertamente cínico.

Más de 40 mil personas permanecen privadas de su libertad bajo esta figura, sin sentencia y, en muchos casos, sin garantías mínimas de defensa. Para ellas, el debido proceso y la presunción de inocencia no han sido prioridad. Pero cuando se trata de alguien más, el estándar cambia de forma conveniente. 

La credibilidad institucional no se construye con discursos, sino con coherencia. Y hoy, lo que predomina es exactamente lo contrario: un doble discurso que debilita la legitimidad del gobierno día con día. 

Ante la falta de congruencia, la ausencia de respuestas claras y los obstáculos para que un funcionario rinda cuentas, lo que se proyecta es la imagen de un país donde la justicia no es un principio, sino una herramienta que se ajusta según las necesidades del poder, para proteger a una élite política, mientras el resto de la población se queda en el abandono.