ENTRE EL ESPECTÁCULO POLÍTICO Y LA VIOLENCIA REAL

El día de hoy vi una de esas imágenes que difícilmente se borran de la memoria. No se trataba de un informe de gobierno ni de una discusión legislativa. Tampoco de un discurso político ni de un debate electoral. Era un video grabado desde un dron que comenzó a circular en redes sociales después de la explosión de un coche bomba frente a la comandancia municipal de Luis Moya, Zacatecas. La detonación dejó al menos tres elementos de seguridad heridos, posibles víctimas mortales y daños en viviendas cercanas. Pero lo que más me impacta no son únicamente los destrozos materiales: un vehículo reducido a chatarra, ventanas quebradas o fachadas destruidas. Lo que verdaderamente me queda grabado es la crudeza de las imágenes posteriores a la explosión. Entre los escombros, el cuerpo destrozado de un perro alcanzado por la onda expansiva; su cabeza separada a varios metros. Aves muertas alrededor y los tímpanos del cachorro de mi hermana destrozados. No se compara con los ciudadanos que día con día desaparecen o son abatidos, pero el punto es el mismo, la normalización de lo que sucede.

Todo esto grabado desde el aire y difundido como propaganda. Queridos lectores, ese detalle no es menor. No es solamente violencia: es violencia diseñada para ser vista. Es un mensaje calculado. Un acto que busca demostrar control territorial, enviar una señal a las autoridades y, sobre todo, sembrar miedo entre la población de cada Municipio. El terrorismo criminal contemporáneo ya no se limita a la confrontación directa con las fuerzas de seguridad. También busca dominar el terreno psicológico. Las imágenes, los videos y la difusión estratégica de la violencia forman parte de una narrativa cuyo objetivo es demostrar que el Estado no controla completamente el territorio.

Y por el lado institucional ¿qué sucede? En Zacatecas, por ejemplo, buena parte del debate político gira hoy en torno a la reforma electoral que limita las llamadas plurinominales, y a las nuevas reglas internas que pretenden limitar el nepotismo en la vida partidaria. Estas disposiciones tendrán consecuencias directas en el futuro político de figuras como el Senador Saúl Monreal, cuya aspiración a la gubernatura se ha vuelto objeto de controversia debido al hecho de que el actual gobernador del estado es su hermano, David Monreal Ávila.

La discusión sobre el nepotismo político es legítima. México necesita reglas claras que impidan la captura de las instituciones por redes familiares o grupos cerrados de poder. Sin embargo, la pregunta inevitable es otra: ¿de qué sirve discutir la arquitectura electoral del futuro cuando el presente inmediato está marcado por escenas propias de un conflicto armado irregular?

El atentado en Luis Moya no es un hecho aislado. Forma parte de una dinámica de violencia que, desde hace años, ha colocado a Zacatecas en el centro de una disputa territorial entre organizaciones criminales. En estos contextos, los grupos delictivos no solo buscan controlar economías ilícitas: también buscan controlar el territorio, las rutas logísticas y, en ocasiones, incluso la vida cotidiana de comunidades enteras, lo que claramente tiene un impacto en la época electoral que dicho sea de paso, al día de hoy, no se considera siquiera dentro de la reforma que se pretende.

La violencia deja entonces de ser únicamente un problema de seguridad pública para convertirse en un problema de seguridad nacional. Paradójicamente, mientras esto ocurre, la agenda pública parece desplazarse constantemente hacia otros temas. En los últimos días la conversación nacional ha estado marcada por discusiones sobre la reforma electoral, eventos mediáticos de gran escala como un concierto gratuito en el zócalo, e incluso la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y hablando de este tema, cada cierto tiempo surge la expectativa de que la captura o el abatimiento de un gran líder criminal pueda cambiar radicalmente el panorama de seguridad. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra algo distinto: la caída de un capo rara vez significa el fin de la violencia. Con frecuencia ocurre lo contrario. La eliminación de un liderazgo criminal suele provocar reacomodos internos, disputas territoriales y nuevos ciclos de confrontación entre grupos rivales.

El problema de fondo no es únicamente quién encabeza una organización criminal, sino la capacidad del Estado para recuperar control institucional en regiones donde la presencia del crimen organizado se ha consolidado durante años. Esto implica fortalecer policías locales, reconstruir capacidades de inteligencia, coordinar verdaderamente a los distintos niveles de gobierno y, sobre todo, recuperar la presencia del Estado en territorios donde hoy domina la lógica del miedo.

Mientras las discusiones sigan desplazándose por el ruido político del momento, seguiremos viendo imágenes como la de Luis Moya recordándonos, de manera brutal, cuál es el problema que realmente debería ocupar el centro del debate público nacional.