EL VACÍO DE “EL MENCHO”: ¿GOLPE AL CRIMEN O REORGANIZACIÓN DEL CAOS INSTITUCIONAL?

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, representa un hito operativo para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, más allá de la celebración oficial y el apoyo de inteligencia estadounidense, este evento obliga a interrogar el rumbo del Estado mexicano en seguridad nacional. No se trata solo de un capo menos, sino de una encrucijada: ¿fortalece las instituciones o revela sus fallas profundas en control territorial y soberanía? La tesis es clara: la estrategia de descabezamiento no debilita estructuralmente al crimen organizado; al contrario, expone incentivos perversos que perpetúan ciclos de violencia y fragmentación, demandando un replanteamiento legislativo urgente.

¿La estrategia de “descabezamiento” realmente debilita al crimen? Históricamente, la eliminación de líderes —como en el Cártel de Sinaloa o el Golfo— ha fragmentado organizaciones, generando grupos más violentos y disputas territoriales que elevan los homicidios a corto plazo. En el caso de “El Mencho”, el “Domingo Negro” inmediato (con 252 narcobloqueos, quema de vehículos y ataques en al menos 20 estados, incluyendo Guanajuato) confirma este patrón: el CJNG respondió con resiliencia, demostrando que su poder no depende solo de un individuo carismático. Analistas como los del New York Times e Insight Crime advierten que, sin atacar raíces financieras y redes de corrupción, esta táctica reorganiza el mercado del narcotráfico en lugar de erradicarlo. ¿Por qué el Estado persiste en incentivos reactivos que sobrecargan fuerzas de seguridad y erosionan confianza pública, en vez de priorizar inteligencia financiera y prevención social?

¿Quién controla el territorio después? El núcleo del problema mexicano no es el narcotráfico per se, sino la incapacidad estatal para recuperar soberanía territorial. Tras la caída de “El Mencho”, el vacío no fue ocupado por instituciones: facciones internas o rivales (como remanentes de Sinaloa) podrían disputar plazas en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Colima. En zonas como Celaya o Irapuato, ya golpeadas por disputas previas, el riesgo de escalada es alto. El verdadero éxito no radica en abatir un líder, sino en restaurar presencia institucional mediante inversión en policía local, combate a la corrupción y programas sociales. Sin reformas legislativas que incentiven la coordinación federal-estatal y recursos sostenidos, el Estado cede territorio por defecto, perpetuando un equilibrio donde el crimen organizado gobierna de facto.

¿Cambiará la estrategia de seguridad? La era de “abrazos, no balazos” de López Obrador fortaleció la Guardia Nacional, pero el abatimiento —con despliegue militar y cooperación bilateral— sugiere un giro hacia confrontación directa, similar a la “Kingpin Strategy” estadounidense. Esto plantea interrogantes políticas: ¿es un evento aislado o el inicio de una militarización permanente? Las consecuencias incluyen vulneración de derechos humanos, dependencia de agencias extranjeras (que erosiona soberanía) y sobrecarga institucional. Sin debate en el Congreso sobre equilibrar prevención, inteligencia y operativos, la estrategia actual podría repetir errores pasados: victorias tácticas que no traducen en paz sostenible.

¿Qué pasará con el equilibrio criminal? La desaparición de un líder como “El Mencho” fragmenta poder, propicia luchas sucesorias y expansiones rivales, como se anticipa en expertos que prevén mayor volatilidad para el CJNG. Esto redistribuye el poder entre facciones, no lo elimina. Los incentivos perversos son evidentes: mientras el Estado celebra golpes espectaculares, ignora extorsiones, corrupción y alianzas internacionales que sostienen el sistema. El resultado podría ser un “México sin capos” pero con más caos, afectando estabilidad económica y social.

México enfrenta dos debates estructurales: la capacidad del Estado para recuperar control territorial frente al crimen organizado y preservar instituciones resilientes. El abatimiento de “El Mencho” no es fin, sino espejo de debilidades: urge al Congreso legislar reformas que trasciendan operativos aislados, fortaleciendo inteligencia, prevención y soberanía como pilares de la seguridad nacional. De lo contrario, el vacío institucional persistirá, redistribuyendo violencia en lugar de erradicarla. La verdadera soberanía se construye con instituciones fuertes, no con titulares.