EL QUE NO CORRE… VUELA: EL CIA GATE Y LA LUCHA DE LA SOBERANÍA EN EL ESTADO GRANDE

La presencia de agentes vinculados a la inteligencia estadounidense en Chihuahua no solo encendió una controversia coyuntural, sino que volvió a colocar sobre la mesa una discusión incómoda, aunque necesaria: ¿dónde termina la cooperación en materia de seguridad y dónde comienza la cesión de soberanía? El episodio ocurrido en la sierra chihuahuense, en el marco de un operativo contra un narcolaboratorio, parece más bien el síntoma de una relación bilateral que, en materia de seguridad, rara vez ha sido del todo simétrica.

Más allá del accidente en el que perdieron la vida dos de estos agentes, lo relevante es el contexto. La presencia de inteligencia estadounidense en operativos dentro de México no es aislada, sino parte de una lógica constante de proyección de poder bajo el argumento de la seguridad. En la práctica, esto desdibuja los límites entre cooperación y participación directa, reabriendo el debate sobre quién fija realmente las reglas de esa colaboración.

La cooperación con Estados Unidos en materia de inteligencia no es nueva ni excepcional; es, de hecho, parte estructural de la política de seguridad de las últimas décadas. El problema no es la cooperación en sí, sino la manera en que ésta se implementa. Porque cooperar, en teoría, implica coordinación; en la práctica, a veces parece rozar la intervención.

La apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y el envío de una nota diplomática de extrañamiento no rompen la relación bilateral, pero sí introducen un matiz relevante: hay límites. O, al menos, debería haberlos. El mensaje parece claro: la colaboración es bienvenida, siempre que respete el marco legal mexicano. Nada extraordinario, salvo que en la práctica no siempre ha sido así.

El contraste a nivel local añade otra capa al problema. La actuación del gobierno de Chihuahua, encabezado por el PAN, deja más preguntas que respuestas. La falta de claridad sobre la presencia de agentes extranjeros en su territorio, seguida de la negativa a acudir al Senado para explicar los hechos, no contribuye precisamente a disipar dudas. Es cierto que el debate sobre las facultades del Senado para llamar a comparecer a un gobernador tiene sustento constitucional; también es cierto que, en temas de seguridad nacional, la discusión legal suele ser el menor de los problemas.

Tampoco conviene perder de vista el papel de Estados Unidos en esta ecuación. Su política de seguridad exterior ha operado históricamente bajo el principio de que sus amenazas no reconocen fronteras, lo cual, en términos prácticos, suele traducirse en una presencia más allá de ellas. En ese contexto, la participación de sus agencias en territorio mexicano difícilmente puede entenderse como un hecho aislado. Más bien, responde a una lógica consistente: actuar donde consideran que está el problema, independientemente de la sensibilidad política del lugar.

El momento tampoco es menor. La relación bilateral atraviesa una etapa de tensiones contenidas: presiones comerciales, renegociaciones en curso y, de fondo, una agenda de seguridad cada vez más intrusiva desde Washington. 

En ese contexto, fijar una postura clara no es un gesto político, sino una necesidad estratégica. Porque, si algo ha demostrado la experiencia reciente, es que los vacíos de definición rara vez benefician al actor más débil.

Cuando el Estado usa la capacidad de tomar decisiones dentro de su territorio, no está haciendo más que cumplir con su responsabilidad elemental: ejercer autoridad, garantizar legalidad y proteger su soberanía.

El caso de Chihuahua deja varias lecciones. La primera, que la coordinación entre niveles de gobierno no es un detalle administrativo, sino un componente esencial de la seguridad nacional. La segunda, que la transparencia incluso cuando incomoda es preferible a la opacidad que alimenta sospechas. Y la tercera, quizá la más evidente, es que la relación con Estados Unidos requiere algo más que buena voluntad: exige claridad, firmeza y, sobre todo, reglas.

El futuro de esta dinámica dependerá de que México logre equilibrar cooperación con autonomía, definiendo con claridad hasta dónde llega esa colaboración y en qué momento deja de serlo. Porque la soberanía no se pierde de golpe, se diluye en decisiones graduales, muchas veces justificadas… hasta que dejan de serlo. Como advertía Noam Chomsky: “A lo largo de la historia, aún las medidas más brutales y vergonzosas han ido acompañadas de la declaración de nobles intenciones”.